Truenan por mentir sobre libertad religiosa

12 de mayo de 2017- El activista de derechos civiles, David Román, tronó hoy contra los representantes María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda y Carlos "Johnny" Méndez, por estos haber presentado el Proyecto de la Cámara 1018 que según los legisladores busca crear la “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.

“La mayoría parlamentaria vuelve a jugar con la fe aludiendo a una supuesta falta de libertad religiosa. Tanto la constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico garantizan el libre ejercicio del culto religioso y así ha sido ratificado por los tribunales federales y estatales. El PC 1018  es un subterfugio de los representantes para darle vía libre a  la extrema religiosa para que discrimine contra todo el que no viva de acuerdo a sus preceptos”, expresó Román.

El también politólogo añadió que “la dignidad del ser humano es inviolable y velar por el trato igual de todos ante la ley representa un interés apremiante del Estado ya que ambos conceptos están consagrados en nuestra constitución. Si los representantes piensan que velar por la dignidad de cualquier persona es una carga sustancial tienen un serio problema de civismo, empatía y humanismo. El único interés de los legisladores con esta medida es lavarse la cara con los fundamentalistas y pagar deudas políticas con la derecha religiosa. No podemos olvidar que parte de ese liderato religioso es donante activo de estos y otros representantes; como es el caso de María Milagros Charbonier, que según los datos de la Oficina del Contralor Electoral, recibió mil dólares de la “apóstol” Wanda Rolón Miranda.”

“Este proyecto significa que, entre otras cosas, le pueden negar darle un velatorio y entierro digno a un ser querido, le pueden negar servicios de salud, alimentos, educativos, de cobijo a cualquier ciudadano guiados por su forma de ser, de vestir, de pensar, en fin, por ser quien es.  No podemos permitir que una minoría vociferante lleve nuestro estado de derecho al oscurantismo de los prejuicios, estereotipos y discriminación”, culminó el activista.

Los políticos y la fe

Practicar la religión de su preferencia es un hecho tan individual como su afiliación política. Cuando hablamos de derechos humano y civiles, nadie puede pretender que alguien, tan siquiera una sola persona, viva o crea algo por el simple hecho de que la mayoría sí lo cree o lo vive. La mayoría de las personas, y me incluyo porque fui parte de ese grupo, nacimos dentro de una religión.  En mi caso nací y me crié dentro del cristianismo. Específicamente dentro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico.

Luego de un proceso de introspección, decidí abandonar dicha comunidad de fe ya que no  representaba mis creencias y continuar en ella era traicionar mi conciencia e ideales. Así las cosas desde ese momento y hasta la actualidad soy una persona no creyente, humanista y fiel laicista.  Ahora bien, no todo el mundo es como yo y lo respeto.

Todos somos libres de creer o no creer de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia; es un derecho humano y el actual estado de derecho dentro de nuestra democracia. Quienes trabajamos y vivimos la política caminamos en una fina cuerda entre nuestra creencia religiosa, o ausencia de tal, y la demagogia.

Durante décadas hemos visto como muchos de nuestros políticos resbalan de la cuerda y caen en el pozo de la demagogia con la única intención de pescar votos en río revuelto. Traicionando así sus principios y en muchos de los casos los ideales de los partidos en los que militan.

Pero si algo tenemos que tener claro es que no todos los políticos son iguales. Dentro de la amalgama de “incumbentes” y candidatos tenemos un gran número de individuos que, si bien profesan un dogma en particular o viven dentro del sincretismo religioso que tanto abunda en nuestro país, tienen bien claro que la fe, como la afiliación política, es un hecho totalmente natural y a la vez individual del ser humano y por lo tanto respetan la separación de iglesia y Estado y todo lo que ello conlleva.

No podemos juzgar a nadie por su creencia religiosa, al hacerlo nos volvemos tan fanáticos como a los que tanto hemos criticado por imponer su fe y estilo de vida a la mayoría. Más aún cuando dentro de nuestra política y sociedad tenemos líderes religiosos que han sabido distanciarse de su dogma porque han entendido que los derechos humanos y civiles van por encima del individualismo arcaico que predican y viven algunos sátrapas religiosos.

Nuestra responsabilidad es analizar el historial y las propuestas de todos y cada uno de las personas que veremos en la papeleta y a base de eso poder ejercer nuestro derecho al voto de manera educada.

 

La crisis económica y los religiosos

Cada vez que escucho o leo al movimiento religioso en el país hablar sobre la precaria situación fiscal del erario, la deuda y las políticas públicas económicas para trabajar con dichos temas me da un coraje que es difícil de explicar, y disimular ni les digo. Ayer la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico pidió un "jubileo" para que no haya "políticas de austeridad que afecten a las personas y familias pobres" además de un "alivio a la deuda" para que se mantenga en "niveles sostenibles"; pidieron "transparencia" entre otras cosas.

En nuestro país, por más de cinco siglos, las iglesias han gozado de un trato exclusivo. Desde la otorgación de tierras y otros bienes públicos por un precio nominal de centavos hasta exenciones contributivas y tarifas especiales en utilidades como agua y servicio eléctrico. 

Esto fue así porque se entendió que las iglesias, en el cumplimiento de su deber “ministerial”, prestarían servicios que al Estado se le haría difícil o prácticamente imposible prestar. Ciertamente en algún momento esa premisa hacía lógica y estaba fundada en una cierta realidad. El tiempo nos ha demostrado que en la actualidad esa idea es por lo menos mítica. 

A estas alturas esos beneficios no solo se han vuelto una carga insostenible para el país sino que han sido utilizados por los movimientos religiosos para exigir tratos aún más preferentes en la política pública establecida por el oficialismo.

Si bien es cierto que existen ministros, y ministerios, que se sacan el pan de la boca para dárselo al pobre no es menos cierto que en nuestra patria los servicios que la mayoría de las instituciones religiosas prestan a la sociedad, si alguno, no justifican tales beneficios.

Con su oposición a aportar al fisco, abrir sus libros financieros y demás artimañas utilizadas para mantener su hegemonía lo que demuestran es que acciones como la de ayer sean hipócritas, desacertadas e irresponsables.  

No se trata de persecución ni “cristianofobia” como algunos llaman. Se trata de que todos aportemos al país desde nuestras diferentes posiciones. Es bien fácil exigir a otros lo que no estamos dispuestos a dar. Sobre todo cuando se hace desde la comodidad de la inmunidad económica.

Si el sector religioso en realidad quiere aportar a la crisis económica que tanto daño le hace a nuestro Puerto Rico el camino es enrollarse las mangas y hacer una de dos cosas: cumplir con su labor y trabajar para que el Estado no gaste en servicios o soltar los estrambóticos y absurdos beneficios y comenzar a aportar dinero; y si pueden hacer las dos, mejor.

Entre comisiones, curas e institutos

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) celebra este año 58 años. Como publica el propio Instituto ellos son “la institución gubernamental a la que se asigna la responsabilidad de establecer la política cultural del Gobierno de Puerto Rico”. Entiéndase por esto que sobre sus hombros recae la obligación de crear y promover la política pública en temas culturales.

El ICP tiene una Junta de Gobierno que lleva las riendas del mismo y acoge la recomendación del gobernador para el puesto e directo o directora de dicha agencia quien será la cara visible de la gesta cultural del ICP.

Ayer el ciudadano gobernador, Alejandro García Padilla, comunicó al país quienes serán sus propulsores culturales desde el ICP. A la vez firmo la Orden Ejecutiva que crea la Comisión para el Desarrollo de la Cultura de Puerto Rico.

Si bien es cierto que el ICP necesita más y variadas herramientas (como podría ser la mencionada comisión) para llevar a cabo su labor de manera eficaz y responsable, no solo para con el país sino para con nuestro patrimonio cultural, también es cierto que dichas herramientas tienen que presentarse con la responsabilidad que amerita el tema.

Hay varios aspectos que creo deben ser considerados sobre  los anuncios hechos ayer por el gobernador:

1.       No pongo en duda la capacidad intelectual y la entrega del sacerdote Ángel Darío Carrero a lo que él entiende como cultura puertorriqueña pero me resulta preocupante que se nombre a un líder religioso como presidente de una comisión, que aún cuando fue creada por Orden Ejecutiva y no por fuerza de ley, es un organismo gubernamental y no podemos olvidar la constitucional separación de iglesia y estado. Otra cosa, el sacerdote al momento de hacer sus votos franciscanos juró TOTAL LEALTAD al Papa y a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no al estado laico en el cual vivimos. Si a esto le sumamos que también será parte de la junta de gobierno del ICP la problemática se agrava.  No pretendo que García Padilla nombre a un ateo; pero creo que con nombrar un laico es más que suficiente.

2.       No podemos ver la cultura como un mecanismo de generar riqueza. Estamos hablando de lo que somos, de dónde venimos y adonde querremos ir cultural, social e históricamente hablando. Si vamos a hablar de dinero que sea para anunciar más fondos a las entidades culturales del país, tanto las públicas como las privadas pero no para ver la cultura como una máquina de hacer dinero.

3.       No veo a una sola persona negra en dicha comisión. Con esto no quiero decir que el oficialismo esté discriminando contra las personas negras, porque no es cierto. Solo digo que hasta el propio logo del ICP tiene la imagen de un taíno, un blanco (español) y un negro (africano) esto gracias a que estas tres razas hicieron al puertorriqueño que somos hoy y entiendo que si querernos promover realmente nuestras raíces debemos tener una comisión cultural tan diversa como sea posible.

Expongo todo esto porque el propio gobernador dijo que la Comisión estaba abierta a recibir el insumo de todos y todas a fin de llevar a buen término su función. Aquí les dejo al menos tres de mis preocupaciones.