Celebremos y validemos los Derechos Humanos

Hoy, cuando convocados por la Organización de las Naciones Unidas, celebramos el Día de los Derechos Humanos, se nos presenta una excelente oportunidad de recapitular sobre la situación actual de los mismos, evaluar los mecanismos que utilizamos para luchar por la validación de dichos derechos dentro de la política pública del Gobierno y replantearnos los puntos de interés más apremiantes dentro de nuestra lucha.

Es fundamental que no perdamos de perspectiva que los derechos humanos no se otorgan bajo ‘mayorías’ ni solo a las mayorias, y así debemos exigirle al gobierno, porque si esa fuera la vara para medir los derechos: todavía existiera la esclavitud, las mujeres no votarían y se quemarían 'brujas'.

Aún cuando parece que algunos líderes políticos no conozcan lo que es ‘sentido común’ el mío me dice que no solo es egoísta, más aún inmoral, el permitir que una mayoría estancada en el tiempo, con los bolsillos llenos de poder y guiada por un ego tan grande como nuestra esperanza, decida qué derechos serán reconocidos y a quién se le reconocerán.

Si bien es cierto que hemos adelantado mucho en materia de derechos humanos no es menos cierto que queda mucho más por hacer. Faltan derechos por validar, calidades de vida que mejorar y prejuicios que enterrar en el pasado.

 No podemos olvidar que los derechos humanos nos pertenecen a todos y todas más allá nuestro estatus social y económico, color de piel, raza, género, nacionalidad, orientación sexual (real o percibida), identidad de género, condicion mental o física, etcétera. Recordemos que la vida, seguridad y calidad de vida humanamente digna de muchos y muchas está siendo violada en estos momentos por el simple hecho de ser quienes son, haber nacido en lugares desventajados o simplemente por el discrimen y los prejuicios de una sociedad que materiliza todo lo que se encuentra a su paso.

Aún con el panorama tan sombrío que tenemos alrededor del mundo, porque Puerto Rico no es el único país atrasado en este campo, mis esperanzas se acrecientan cuando reconozco que la igualdad plena y reconocimiento de todos los derechos para todas las personas es inevitable. Es por ello que les recuerdo la frase de Martín Luther King, Jr.: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera."

La crisis económica y los religiosos

Cada vez que escucho o leo al movimiento religioso en el país hablar sobre la precaria situación fiscal del erario, la deuda y las políticas públicas económicas para trabajar con dichos temas me da un coraje que es difícil de explicar, y disimular ni les digo. Ayer la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico pidió un "jubileo" para que no haya "políticas de austeridad que afecten a las personas y familias pobres" además de un "alivio a la deuda" para que se mantenga en "niveles sostenibles"; pidieron "transparencia" entre otras cosas.

En nuestro país, por más de cinco siglos, las iglesias han gozado de un trato exclusivo. Desde la otorgación de tierras y otros bienes públicos por un precio nominal de centavos hasta exenciones contributivas y tarifas especiales en utilidades como agua y servicio eléctrico. 

Esto fue así porque se entendió que las iglesias, en el cumplimiento de su deber “ministerial”, prestarían servicios que al Estado se le haría difícil o prácticamente imposible prestar. Ciertamente en algún momento esa premisa hacía lógica y estaba fundada en una cierta realidad. El tiempo nos ha demostrado que en la actualidad esa idea es por lo menos mítica. 

A estas alturas esos beneficios no solo se han vuelto una carga insostenible para el país sino que han sido utilizados por los movimientos religiosos para exigir tratos aún más preferentes en la política pública establecida por el oficialismo.

Si bien es cierto que existen ministros, y ministerios, que se sacan el pan de la boca para dárselo al pobre no es menos cierto que en nuestra patria los servicios que la mayoría de las instituciones religiosas prestan a la sociedad, si alguno, no justifican tales beneficios.

Con su oposición a aportar al fisco, abrir sus libros financieros y demás artimañas utilizadas para mantener su hegemonía lo que demuestran es que acciones como la de ayer sean hipócritas, desacertadas e irresponsables.  

No se trata de persecución ni “cristianofobia” como algunos llaman. Se trata de que todos aportemos al país desde nuestras diferentes posiciones. Es bien fácil exigir a otros lo que no estamos dispuestos a dar. Sobre todo cuando se hace desde la comodidad de la inmunidad económica.

Si el sector religioso en realidad quiere aportar a la crisis económica que tanto daño le hace a nuestro Puerto Rico el camino es enrollarse las mangas y hacer una de dos cosas: cumplir con su labor y trabajar para que el Estado no gaste en servicios o soltar los estrambóticos y absurdos beneficios y comenzar a aportar dinero; y si pueden hacer las dos, mejor.

Truenan contra recorte a la Rama Judicial

3 de junio de 2015- El portavoz de la organización Puerto Rico para Todos, el activista de derechos civiles David Román, criticó hoy el recorte presupuestario propuesto a la Rama Judicial. “La merma de sesenta y un millones en el presupuesto presentado para la judicatura es un atentado a los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños. Todos, pero en particular los más desventajados social y económicamente, sufriremos las consecuencias de dicho recorte.  Programas como Corte de Drogas, para la rehabilitación, Salas de Salud Mental, y en particular las Salas de Violencia Doméstica son solo algunos de los que se verían seriamente afectados.”

Román añadió que “con el recorte presupuestario a los tribunales se pone en peligro el acceso a la justicia, el debido proceso de ley y el derecho a un juicio rápido, entre otros derechos salvaguardados por nuestra constitución. El recorte obliga a la Oficina de Administración de Tribunales tomar medidas de control de gastos más agresivas que las que ya ha tomado, de sobre veinticinco millones de dólares, dado el recorte del pasado año. El cierre total o parcial de tribunales, Sala de Investigaciones y bajas en beneficios marginales a funcionario y jueces son solo parte de las medidas de ajuste económicas las cuales han creado desasosiego en el sistema”.

“La medida tomada por el Ejecutivo sobre los tribunales pone en entre dicho el balance de poderes que nuestro sistema republicano de gobierno establece constitucionalmente. La Rama Judicial no es una agencia de gobierno. Son los tribunales los llamados a hacer justicia, establecer el ordenamiento jurídico y velar que esa justicia sea accesible a todos en la sociedad y este desproporcional recorte es una seria amenaza a sus funciones”, culminó el activista.