La crisis económica y los religiosos

Cada vez que escucho o leo al movimiento religioso en el país hablar sobre la precaria situación fiscal del erario, la deuda y las políticas públicas económicas para trabajar con dichos temas me da un coraje que es difícil de explicar, y disimular ni les digo. Ayer la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico pidió un "jubileo" para que no haya "políticas de austeridad que afecten a las personas y familias pobres" además de un "alivio a la deuda" para que se mantenga en "niveles sostenibles"; pidieron "transparencia" entre otras cosas.

En nuestro país, por más de cinco siglos, las iglesias han gozado de un trato exclusivo. Desde la otorgación de tierras y otros bienes públicos por un precio nominal de centavos hasta exenciones contributivas y tarifas especiales en utilidades como agua y servicio eléctrico. 

Esto fue así porque se entendió que las iglesias, en el cumplimiento de su deber “ministerial”, prestarían servicios que al Estado se le haría difícil o prácticamente imposible prestar. Ciertamente en algún momento esa premisa hacía lógica y estaba fundada en una cierta realidad. El tiempo nos ha demostrado que en la actualidad esa idea es por lo menos mítica. 

A estas alturas esos beneficios no solo se han vuelto una carga insostenible para el país sino que han sido utilizados por los movimientos religiosos para exigir tratos aún más preferentes en la política pública establecida por el oficialismo.

Si bien es cierto que existen ministros, y ministerios, que se sacan el pan de la boca para dárselo al pobre no es menos cierto que en nuestra patria los servicios que la mayoría de las instituciones religiosas prestan a la sociedad, si alguno, no justifican tales beneficios.

Con su oposición a aportar al fisco, abrir sus libros financieros y demás artimañas utilizadas para mantener su hegemonía lo que demuestran es que acciones como la de ayer sean hipócritas, desacertadas e irresponsables.  

No se trata de persecución ni “cristianofobia” como algunos llaman. Se trata de que todos aportemos al país desde nuestras diferentes posiciones. Es bien fácil exigir a otros lo que no estamos dispuestos a dar. Sobre todo cuando se hace desde la comodidad de la inmunidad económica.

Si el sector religioso en realidad quiere aportar a la crisis económica que tanto daño le hace a nuestro Puerto Rico el camino es enrollarse las mangas y hacer una de dos cosas: cumplir con su labor y trabajar para que el Estado no gaste en servicios o soltar los estrambóticos y absurdos beneficios y comenzar a aportar dinero; y si pueden hacer las dos, mejor.

Truenan contra recorte a la Rama Judicial

3 de junio de 2015- El portavoz de la organización Puerto Rico para Todos, el activista de derechos civiles David Román, criticó hoy el recorte presupuestario propuesto a la Rama Judicial. “La merma de sesenta y un millones en el presupuesto presentado para la judicatura es un atentado a los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños. Todos, pero en particular los más desventajados social y económicamente, sufriremos las consecuencias de dicho recorte.  Programas como Corte de Drogas, para la rehabilitación, Salas de Salud Mental, y en particular las Salas de Violencia Doméstica son solo algunos de los que se verían seriamente afectados.”

Román añadió que “con el recorte presupuestario a los tribunales se pone en peligro el acceso a la justicia, el debido proceso de ley y el derecho a un juicio rápido, entre otros derechos salvaguardados por nuestra constitución. El recorte obliga a la Oficina de Administración de Tribunales tomar medidas de control de gastos más agresivas que las que ya ha tomado, de sobre veinticinco millones de dólares, dado el recorte del pasado año. El cierre total o parcial de tribunales, Sala de Investigaciones y bajas en beneficios marginales a funcionario y jueces son solo parte de las medidas de ajuste económicas las cuales han creado desasosiego en el sistema”.

“La medida tomada por el Ejecutivo sobre los tribunales pone en entre dicho el balance de poderes que nuestro sistema republicano de gobierno establece constitucionalmente. La Rama Judicial no es una agencia de gobierno. Son los tribunales los llamados a hacer justicia, establecer el ordenamiento jurídico y velar que esa justicia sea accesible a todos en la sociedad y este desproporcional recorte es una seria amenaza a sus funciones”, culminó el activista.

Las iglesias y el matrimonio igualitario

Desde hace algunos años varias denominaciones de diversas religiones han abierto sus altares al matrimonio igualitario.

Así las cosas, bienvenidos todos los que quieran apoyar nuestra lucha, pero no olvidemos que nuestro campo es el derecho y no el religioso.

¿Las razones? Están las que con una real intención de salvaguardar los derechos de todos y todas reconocen el sacramento matrimonial a quienes así lo soliciten. También están las que lo hacen simplemente para mantener y obtener adeptos y así no perder su franquicia religiosa.

Países como Puerto Rico, donde las iglesias disfrutan de una cantidad absurda de beneficios que el resto de la sociedad jamás tendrá, sirven de cuna para el extremismo religioso. Estos "sepulcros blanqueados" son los dinosaurios dentro de la amalgama de líderes e ideas religiosas. Son estos "fariseos" como los de la historia bíblica en Mateo 23: 4: "Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas." Son estos los que con su retórica de odio se han convertido en un lastre para el adelanto social, económico y en materia de derechos humanos entre otros aspectos.

Ahora bien, si alguna denominación quiere apoyar el matrimonio igualitario, bien por ella. Y es ella la que tiene que rendir cuentas a sus miembros sobre sus acciones. Pero esas movidas religiosas no son vinculantes a nuestra lucha ya que nuestra lucha no está amarrada a religión alguna. Nuestro movimiento busca reivindicar nuestros derechos en el campo del derecho y no en el de la fe.

Queremos que sea el Estado el que reconozca nuestros derechos a ser felices con quien nuestro sentimientos nos dicten y no con quienes un grupo cree que debemos estar. Queremos que sea el Estado, guiado por los más básicos derechos y libertades democráticas, quien cumpliendo con su deber ministerial de velar por la igual protección de las leyes establezca como política publica el que todos y todas podamos contraer matrimonio civil.