(Cumpliendo con nuestra misión de velar por los derechos civiles de todos y todas más alla de las fronteras que nos separen, me solidarizo con nuestros hermanos venezolanos ante la violación de los DDHH. A razón de esto hago público el siguente comunicado.)
San Juan, PR- El activista de derechos civiles David Román condenó hoy la
violación de derechos civiles a la que ha sido expuesta la sociedad
civil venezolana al esta pronunciarse en contra del oficialismo. "Es fundamental que el Estado asegure la vida, seguridad y derechos de todos y cada uno de los manifestantes aun cuando estos estén en contra del régimen
actual", puntualizó Román.
Los ciudadanos que se manifiestan en contra de la política pública
impuesta por el Estado han hecho una variedad de manifestaciones
alrededor de todo el país manifestando su descontento y solicitando al
Estado justicia para todos de forma democrática y equitativa.
El activista añadió que "como en toda democracia el pueblo tiene el
derecho de expresarse y asociarse libremente para lograr todo fin lícito
sin intervención ni acciones militares o cuasi-militares que atenten en
contra de dicho derecho claramente expresado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos".
"Los últimos acontecimientos en el estado de Barinas demuestran la forma
en la que el oficialismo ha decidido trabajar con las exigencias de la
oposición. Estos hechos no solo son lamentables sino que merecen todo el
reproche de quienes creemos fiel y firmemente en la vía democrática, en el
diálogo y la solución pacfica y responsable de los conflictos, tanto locales como internacionales", concluyó Roman.
miércoles, 27 de abril de 2011
jueves, 14 de abril de 2011
¿Quién sostiene nuestra democracia?
Todos hemos sido testigos de las embestidas que a sufrido nuestra democracia y nuestro sistema constitucional durante este cuatrienio gracias a las movidas retrogradas, fundamentalistas e irregulares que el oficialismo a pretendido implantar o ha implantado como política pública. Esto me lleva a preguntarme: ¿Quién sostiene nuestra democracia?
Desde revivir a través de la RCC 107 la nati-muerta Resolución 99, la aprobación de una ley de adopción discriminatoria hacia las personas solteras o que conviven sin casarse, la no aprobación del PC 1725 con el fin de erradicar el discrimen por orientación sexual, y al cual exigimos que se añada la NO discriminación por identidad de género para así poder salvaguardar a nuestros hermanos y hermanas transgénero. Se le añade a esto las expresiones hechas por los líderes políticos en contra de nuestras comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) poniendo así en riesgo nuestra vida y seguridad. No se nos puede olvidar la opresión sistemática del Estado el cual ha pisoteado nuestra s libertades al reprimir por la fuerza a quienes de forma democrática, legal y voluntaria nos hemos manifestado en contra de la política pública que desde Fortaleza hasta la Legislatura nos han impuesto.
A lo anterior le añadimos el apoyo que esta administración le ha dado al sector religioso, (fundamentalista y moralista) tanto económico como de palabra y acción, siendo estos cómplices silentes de la alta ola criminal que nos arropa, la violencia y desigualdad de género junto a la violación de derechos civiles, tanto a los estudiantes, periodistas, como al resto de la sociedad civil.
El último atentado en contra de “lo diferente” llego desde el Tribunal Supremo. El máximo foro judicial emitió una sentencia, con una explicación hecha por el juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo, en donde expresa que las parejas adulteras no están cubiertas por la Ley 54 citando, como una de las razones para esto, que el adulterio es un delito y que existen otros mecanismos para proteger estas mujeres como la Ley contra el Acecho que “aplica categóricamente a personas que haya tenido una relación de cortejo”. El susodicho añade que en varias instancias que el fin de la Ley 54 es proteger la “integridad familiar” a lo que yo me pregunto: ¿Cuándo Kolthoff Caraballo se entrevisto con los legisladores visionarios que crearon dicha ley para llegar a esa conclusión? Recordemos que es culpa del movimiento religioso, con sus presiones indebidas y amenazas a los Legisladores y al Ejecutivo, el que no se aprobaran las enmiendas a la Ley 54 para continuar salvando vidas. De la misma forma aludieron a un supuesto costo político si se llegaba a probar el PC 3279 presentado por el representante Héctor Ferrer y al cual le agradecí su respaldo hacia nuestras comunidades LGBT. Dicho proyecto buscaba la integración explícita de nuestras comunidades ante la Ley 54.
Durante estos tres años y medio hemos visto como nuestros derechos van por el mismo camino de los dinosaurios: hacia la extinción. Por esto y más me pregunto: ¿Quién sostiene nuestra democracia?
Desde revivir a través de la RCC 107 la nati-muerta Resolución 99, la aprobación de una ley de adopción discriminatoria hacia las personas solteras o que conviven sin casarse, la no aprobación del PC 1725 con el fin de erradicar el discrimen por orientación sexual, y al cual exigimos que se añada la NO discriminación por identidad de género para así poder salvaguardar a nuestros hermanos y hermanas transgénero. Se le añade a esto las expresiones hechas por los líderes políticos en contra de nuestras comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) poniendo así en riesgo nuestra vida y seguridad. No se nos puede olvidar la opresión sistemática del Estado el cual ha pisoteado nuestra s libertades al reprimir por la fuerza a quienes de forma democrática, legal y voluntaria nos hemos manifestado en contra de la política pública que desde Fortaleza hasta la Legislatura nos han impuesto.
A lo anterior le añadimos el apoyo que esta administración le ha dado al sector religioso, (fundamentalista y moralista) tanto económico como de palabra y acción, siendo estos cómplices silentes de la alta ola criminal que nos arropa, la violencia y desigualdad de género junto a la violación de derechos civiles, tanto a los estudiantes, periodistas, como al resto de la sociedad civil.
El último atentado en contra de “lo diferente” llego desde el Tribunal Supremo. El máximo foro judicial emitió una sentencia, con una explicación hecha por el juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo, en donde expresa que las parejas adulteras no están cubiertas por la Ley 54 citando, como una de las razones para esto, que el adulterio es un delito y que existen otros mecanismos para proteger estas mujeres como la Ley contra el Acecho que “aplica categóricamente a personas que haya tenido una relación de cortejo”. El susodicho añade que en varias instancias que el fin de la Ley 54 es proteger la “integridad familiar” a lo que yo me pregunto: ¿Cuándo Kolthoff Caraballo se entrevisto con los legisladores visionarios que crearon dicha ley para llegar a esa conclusión? Recordemos que es culpa del movimiento religioso, con sus presiones indebidas y amenazas a los Legisladores y al Ejecutivo, el que no se aprobaran las enmiendas a la Ley 54 para continuar salvando vidas. De la misma forma aludieron a un supuesto costo político si se llegaba a probar el PC 3279 presentado por el representante Héctor Ferrer y al cual le agradecí su respaldo hacia nuestras comunidades LGBT. Dicho proyecto buscaba la integración explícita de nuestras comunidades ante la Ley 54.
Durante estos tres años y medio hemos visto como nuestros derechos van por el mismo camino de los dinosaurios: hacia la extinción. Por esto y más me pregunto: ¿Quién sostiene nuestra democracia?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)